En los últimos nueve meses, se realizaron 7000 abortos con causal en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires

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La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense lo informó y dijo que ya se puede implementar la IVE. Además le pidió a la ANMAT que autorice la mifepristona.

Estiman que casi el 40% de los abortos del país se dan en territorio bonaerense.

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires Estela Díaz, se mostró “eufórica” tras la sanción de la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue aprobada por el Senado a las 4.12 de la mañana del jueves. En esta sintonía, la funcionaria reveló cifras vinculadas a las prácticas legales y clandestinas en su distrito, el de mayor peso del país.

Según datos de un informe público que presentó el Ministerio de Salud, Díaz detalló que en nueve meses se hicieron “más de 7000 Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) en el sistema público”, los cuales son “con causal”, por violación o peligro de vida de la persona gestante. Esto era así hasta ahora porque el artículo 86 del Código Penal, que entró en vigencia en enero de 1922, determinaba esos casos en los que el aborto estaba despenalizado. No obstante, en la práctica no se llevaba siempre cabo como ocurrió con la emblemática causa de LMR en la provincia de Buenos Aires, en 2006.

La ministra de Axel Kicillof resaltó también todo el trabajo que se hizo en esta materia desde los últimos meses. “Nosotros a través de una resolución conjunta del Ministerio de las Mujeres con el de Salud aprobamos el protocolo ILE de Salud de Nación, que había sido derogado por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal (Cambiemos)”, señaló.

Además, aseguró que “se rejerarquizó” el Programa de Salud Reproductiva, “dándole rango de dirección”, se capacitó al personal sanitario y se compró misoprostol (fármaco usado para provocar la interrupción del embarazo) en un laboratorio de Santa Fe.

La ministra bonaerense reveló también que “la estimación es que casi el 40% de los abortos del país” se dan en territorio bonaerense. “Sabemos y siempre se ha dicho que es un número alto el de abortos que se hacen en la Argentina al año: el informe nacional indica entre 38 a 40 mil internaciones post abortos sólo en el sector público. De esos, alrededor de 15.000 se dan en la provincia de Buenos Aires”, detalló.

Para Díaz, la cifra de su distrito está vinculada a la dimensión poblacional, y se verifica en la cantidad de egresos hospitalarios por complicaciones por aborto. “Estamos hablando de los abortos que son por causal, y ahí hay una dimensión”, resaltó.

Tal como lo indicó el ministro de Salud Nacional Ginés González García durante el plenario de comisiones en Diputados, el análisis de los informes arroja que en los últimos años se redujo la mortalidad y complicaciones por abortos. Díaz adjudicó este “buen dato” a “la nueva tecnología médica, que exista una pastilla”.

Y resaltó que debido a este fármaco, actualmente el 95% de las prácticas de ILE “son ambulatorias”. Respecto a esto, advirtió que “se puede hacer en la atención primaria de la salud”, ya que no es necesario “el segundo nivel de atención”, lo cual ayudaría a descomprimir “muchísimo” el sistema de salud.

Sobre la ley aprobada el jueves, la funcionaria de Axel Kicillof adelantó que en cuanto la promulgue el Poder Ejecutivo, la provincia de Buenos Aires ya está lista para comenzar a aplicarla: “Apenas salga publicada la ley en el Boletín Oficial, el sistema de salud ya puede practicar la IVE”. En diálogo con este medio, aclaró que con la nueva ley “solo cambian las condiciones” respecto al ILE, que ya se cumplía en la Provincia.

“Es una práctica que no es compleja. Ahora va a ser, en lugar de por causal, por plazo. El sistema de salud no se enfrenta a nada nuevo, como sucedió con el COVID”, explicó, aunque aclaró: “Hay que prepararse para poder responder a una mayor demanda”.

Sin embargo, dejó en claro que “hay que esperar que (la Ley) se promulgue, que se reglamente y que Salud de la Nación establezca un protocolo”.

La funcionaria provincial mencionó que la sanción de la IVE podría agilizar una deuda de la ANMAT, que es la autorización de la mifepristona, que está prohibida en la Argentina. Combinada con el misoprostol, es usada en la mayoría de los otros países que tienen aborto legal, porque vuelve más efectivo el procedimiento.

Díaz destacó la importancia del movimiento social “para colocar el debate en la agenda, construir masa crítica y movilizar” en favor del proyecto. Sin embargo, afirmó: “Sin una decisión política como la que hubo, no tendríamos ley”.

En relación a este punto, advirtió que “es ineludible reconocer cómo funcionó esta alianza transversal que se produce con el debate del aborto, porque hay apoyo y rechazo de las fuerzas mayoritarias pero también un esfuerzo enorme del oficialismo”.

Para Díaz, esta fue la gran diferencia con el 2018, cuando el proyecto -tras obtener media sanción en Diputados- fue rechazado en el Senado, con 38 votos en contra (la misma cifra que este miércoles fue a favor). “El oficialismo presentó dos proyectos de ley, eso fue parte de la estrategia de construir la sanción y trabajar en el consenso numérico”, sostuvo.

A la madrugada, en un video que publicó e Twitter minutos después de que se conociera la sanción de la ley, Díaz señaló: “Finalmente es ley, lo palpitábamos. Nos dimos cuenta que este momento era distinto, que era tiempo de aborto legal, que había un movimiento que maduró y colocó el tema en debate”. Sin embargo, consideró: “Tuvimos un resultado impensado, con 38 votos por la afirmativa”.

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